La presidenta de la Asociación de Ganaderos de Colmenar Viejo, Marian Planes, asegura que los trabajos de la línea de cercanías entre Colmenar y Soto han destruido muros de piedra seca, comprometido explotaciones extensivas y afectado a terrenos de la Red Natura 2000.
Juan Torres.- Las obras que ADIF ejecuta para la mejora de la línea ferroviaria entre Colmenar Viejo y Soto del Real han abierto un nuevo frente de conflicto con los ganaderos de la zona.
La presidenta de la Asociación de Ganaderos de Colmenar Viejo, Marian Planes, denuncia que los trabajos están provocando daños en fincas colindantes, destruyendo elementos patrimoniales como los muros de piedra seca y generando afecciones en terrenos de alto valor ambiental, incluidos espacios integrados en la Red Natura 2000.
Medidas cautelarísimas
Según explica Planes en conversación telefónica con Colmenar al Día, los problemas se arrastran “desde que se iniciaron las obras”, hace ya más de dos años. La situación, asegura, llegó a tal punto que en diciembre de 2023 presentó una denuncia judicial y solicitó medidas cautelarísimas para frenar actuaciones que, a su juicio, ponían en riesgo tanto la actividad ganadera como la conservación del patrimonio rural.
Uno de los principales focos de la queja es la retirada o destrucción de muros de piedra seca que delimitan numerosas fincas de la zona. Estos cerramientos tradicionales, además de su valor histórico y paisajístico, son esenciales para mantener el ganado en explotaciones extensivas.
Planes sostiene que en algunos casos los operarios comunicaron a los propietarios que debían retirar los animales porque se iba a actuar sobre esos linderos, sin que existiera una solución inmediata y eficaz para evitar la salida del ganado.
Restitución inviable
La presidenta de la asociación considera especialmente grave la diferencia entre las cantidades abonadas en las expropiaciones y el coste real de reponer estos elementos. Según afirma, mientras en el procedimiento expropiatorio se estarían valorando en torno a 33 euros por metro lineal, las ayudas de la Comunidad de Madrid para el mantenimiento de muros de piedra seca se quedan muy por debajo de esa cifra. A su juicio, esa diferencia hace inviable su restitución y condena a muchos propietarios a perder una infraestructura indispensable para seguir trabajando.
“Si esas fincas no pueden volver a cerrarse en condiciones, quedan fuera del uso ganadero”, viene a sostener Planes. Y eso, advierte, afecta de lleno a un modelo productivo muy implantado en Colmenar Viejo, basado en la ganadería extensiva, con presencia también en municipios cercanos como Soto del Real, Guadalix de la Sierra o Manzanares el Real.
Vallado provisional
Tras las primeras denuncias, los ganaderos alcanzaron un acuerdo con responsables de la obra para instalar un vallado provisional que permitiera mantener la actividad mientras avanzaban los trabajos.
Sin embargo, Planes asegura que recientemente se han producido nuevos daños. En concreto, denuncia que maquinaria de la obra habría desplazado grandes piedras sobre una de las zonas afectadas, derribando parte del vallado metálico provisional y arrasando también elementos de otras parcelas, incluidos árboles.
Red Natura 2000
La parte que considera más sensible es la situada junto al trazado en dirección a Soto, donde, según explica, uno de los márgenes pertenece a suelo rústico y el otro se encuentra dentro de un espacio protegido vinculado a la Red Natura 2000. La ganadera sostiene que en esa zona se han depositado materiales y se han producido movimientos de tierras y piedra que no deberían haberse permitido en esos términos.
Más allá del perjuicio directo a las explotaciones, Planes insiste en que se está dañando un patrimonio rural que forma parte de la identidad histórica de Colmenar Viejo. A su juicio, las administraciones deberían haber exigido que, si un muro de piedra seca debía ser desmontado por razón de la obra, fuera reconstruido en la nueva linde y no sustituido por una simple compensación económica insuficiente.
Crisis del sector
Planes enmarca, además, este conflicto en una crisis más amplia del sector ganadero. Asegura que los profesionales del campo soportan una creciente presión administrativa, problemas sanitarios, limitaciones normativas y una rentabilidad cada vez menor.
A su entender, el caso de las obras ferroviarias es un ejemplo más de cómo la actividad ganadera extensiva queda relegada frente a decisiones administrativas y grandes infraestructuras. “Aquí no hay macrogranjas; aquí lo que hay son explotaciones extensivas que ayudan a conservar el territorio, prevenir incendios y mantener el paisaje”, defiende.
La asociación que preside Marian Planes agrupa a unos 70 ganaderos y representa a la gran mayoría del sector en la zona, con más de 2.000 animales.
Los ganaderos esperan ahora que las administraciones apliquen medidas correctoras reales, reparen los daños ocasionados y garanticen que la modernización ferroviaria no siga avanzando a costa de las fincas, los muros históricos y un entorno natural especialmente sensible.
