Cuando la política consigue que tengamos más miedo al futuro que a los problemas del presente.
Hay algo que llevo tiempo observando y que, sinceramente, cada vez me preocupa más. Nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad en la que resulta mucho más sencillo ponerse en contra de algo que dedicar un poco de tiempo a comprenderlo. Una sociedad en la que un titular, una pancarta o un discurso convenientemente adornado pueden llegar a tener más fuerza que cualquier explicación técnica.
Y lo peor es que hemos terminado aceptándolo como algo normal.
Estos días, leyendo la noticia sobre el juicio relacionado con la futura planta de biogás de Colmenar Viejo, he vuelto a tener esa sensación. La de estar asistiendo a uno de esos debates en los que corremos el riesgo de perder de vista lo verdaderamente importante mientras discutimos sobre quién tiene razón, quién se apunta una victoria política o quién consigue movilizar a más personas en contra de un proyecto.
Voy a decirlo desde el principio, para que no haya dudas: yo estoy a favor de las plantas de biogás. Y considero que Colmenar Viejo debería estudiar seriamente la oportunidad que representa contar con una instalación de estas características.
Y lo estoy no porque me lo diga un partido político, ni porque tenga especial interés en defender a una empresa, ni mucho menos porque considere que cualquier proyecto empresarial deba aprobarse sin más.
Estoy a favor porque creo en el progreso, en la innovación, en la economía circular y, sobre todo, porque considero que tenemos la obligación de buscar soluciones reales a problemas reales.
Y los residuos son uno de esos problemas.
Nos hemos acostumbrado a generar toneladas de residuos y a olvidarnos de ellos en cuanto desaparecen de nuestra vista. Queremos consumir, producir, disfrutar de todas las comodidades y, por supuesto, vivir en municipios modernos y sostenibles. Pero cuando alguien plantea una infraestructura para gestionar mejor una parte de esos residuos, aparece una especie de rechazo automático.
Queremos energía limpia, pero no queremos las instalaciones que permiten producirla. Queremos reducir la contaminación, pero cualquier infraestructura ambiental nos parece sospechosa. Queremos independencia energética, pero preferimos que otros municipios asuman las responsabilidades que nosotros no estamos dispuestos a aceptar.
Queremos todos los beneficios del progreso, pero ninguna de sus incomodidades.
Y así, sinceramente, es muy difícil avanzar.
Una planta de biogás no es, por definición, una fábrica de contaminación. Su función consiste en aprovechar determinados residuos orgánicos mediante procesos biológicos controlados para producir un gas renovable que puede utilizarse energéticamente. Además, permite recuperar materiales que, con el tratamiento adecuado, pueden tener utilidad agronómica.
Eso no significa que todas las plantas sean iguales ni que cualquier ubicación sea válida. Significa que existe una tecnología capaz de transformar una parte de nuestros residuos en un recurso.
A mí eso, de entrada, me parece bastante más inteligente que seguir tratando todo aquello que desechamos como un problema sin solución.
Y aquí es donde me gustaría introducir una reflexión que considero fundamental.
¿Desde cuándo hemos decidido que escuchar a quien más protesta es más importante que escuchar a quien más sabe?
No estoy cuestionando el derecho de los vecinos a preocuparse. Al contrario. Si yo viviera cerca de una instalación industrial también querría saber cómo afectará a mi calidad de vida, qué controles tendrá, cómo se gestionarán los olores, cuántos camiones circularán por las carreteras o qué garantías existen para evitar daños ambientales.
Todas esas preguntas son legítimas. Y todas merecen respuestas concretas.
Lo que me cuesta aceptar es que una preocupación legítima pueda convertirse, en determinados momentos, en un instrumento político. Que el debate deje de girar alrededor de los informes, las condiciones técnicas y las garantías exigibles, para convertirse en una competición de consignas.
Porque una cosa es cuestionar un proyecto y otra muy diferente es darlo por condenado antes siquiera de analizar todas sus posibilidades.
Tampoco quiero caer en el error contrario. Que una planta produzca energía renovable no la convierte automáticamente en inocua. Una instalación mal diseñada, mal ubicada o mal gestionada puede ocasionar problemas importantes. Precisamente por eso existen procedimientos ambientales, autorizaciones, controles administrativos y, cuando corresponde, tribunales.
Y precisamente por eso creo que hay que respetar el procedimiento judicial abierto en Colmenar Viejo y la sentencia que llegue.
Pero me niego a aceptar que la única postura ambientalmente responsable sea decir que no.
Proteger el medio ambiente también significa tener el valor de construir las infraestructuras necesarias para cuidarlo.
Hay otra cuestión que echo especialmente de menos en muchas discusiones de este tipo: la visión de futuro.
Colmenar Viejo tiene una historia vinculada al territorio, a la actividad ganadera y al trabajo de generaciones que han sabido aprovechar los recursos disponibles. Sería una contradicción que un municipio con esa tradición renunciara, sin un análisis riguroso, a estudiar tecnologías que pueden dar una nueva utilidad a determinados subproductos orgánicos y contribuir a una gestión más eficiente de los recursos.
Una planta bien planteada puede representar oportunidades para la actividad económica, para la gestión de residuos, para la producción energética y para determinadas empresas y explotaciones del entorno.
¿Significa eso que la planta concreta de Colmenar Viejo vaya a proporcionar necesariamente todos esos beneficios? No. Eso debe demostrarse con cifras, compromisos y documentación verificable.
Pero precisamente por eso deberíamos estar hablando de las condiciones para hacerla útil, de sus ventajas medibles, de sus posibles inconvenientes y de cómo proteger a los vecinos. No exclusivamente de cómo impedirla.
Me parece mucho más constructivo exigir a la empresa promotora que explique qué beneficios directos recibirá el municipio, qué compromisos asumirá para evitar molestias, cómo se controlará el tráfico pesado y qué mecanismos existirán para garantizar que se cumpla lo prometido.
Eso sí me parece defender los intereses de Colmenar Viejo.
Y no puedo evitar preguntarme cuánto de este debate responde a una preocupación genuina por el medio ambiente y cuánto se ha visto contaminado por esa costumbre tan nuestra de convertir cualquier decisión municipal en un enfrentamiento entre buenos y malos.
Porque las tecnologías no tienen ideología. Un digestor anaerobio no es de izquierdas ni de derechas. El aprovechamiento de residuos no cambia de valor ambiental dependiendo de quién gobierne un ayuntamiento. Y una instalación no se vuelve beneficiosa o perjudicial porque la defienda un partido o la critique otro.
El biogás no tiene carné político. Y el futuro de Colmenar Viejo tampoco debería tenerlo.
Me preocupa que estemos educando a nuestra sociedad en la desconfianza permanente, en la oposición sistemática y en la idea de que cualquier cambio es una amenaza.
Me preocupa que confundamos defender nuestro entorno con intentar mantenerlo inalterable para siempre.
Y, sobre todo, me preocupa que terminemos dejando pasar oportunidades porque hemos permitido que el ruido se imponga a la razón.
No pretendo que todos piensen como yo. Ni siquiera pretendo que quienes hoy se oponen a esta planta cambien inmediatamente de opinión. Lo que sí me gustaría es que fuéramos capaces de hacernos algunas preguntas antes de colocarnos detrás de una pancarta o compartir el siguiente mensaje alarmista.
¿Conocemos realmente cómo funciona una planta de biogás? ¿Hemos diferenciado los riesgos acreditados de los temores que todavía deben comprobarse? ¿Sabemos qué impacto ambiental tendría la alternativa de no realizar el proyecto? ¿Estamos dispuestos a aceptar una instalación si demuestra que cumple con todas las garantías?
Porque si nuestra respuesta es que nos opondremos haga lo que haga, entonces quizá el problema ya no sea exclusivamente ambiental.
Quizá sea nuestra manera de entender el progreso.
Yo no quiero una planta de biogás en Colmenar Viejo a cualquier precio. Quiero, si resulta técnicamente viable y ambientalmente adecuada, una instalación ejemplar, transparente, rigurosamente controlada y capaz de aportar beneficios reales al municipio.
Quiero que los vecinos dispongan de toda la información. Que puedan preguntar, cuestionar y exigir. Quiero que se fiscalice a la empresa promotora y que las administraciones asuman su responsabilidad sin mirar hacia otro lado.
Pero también quiero que tengamos la suficiente madurez colectiva para reconocer una buena oportunidad cuando los hechos y las garantías la respalden.
Porque el futuro no se construye diciendo que sí a todo. Pero tampoco se construye diciendo que no por sistema.
Y quizá el verdadero problema de nuestro tiempo no sea que nos falten soluciones, sino que, demasiado a menudo, nos sobra miedo a ponerlas en marcha.
Colmenar Viejo merece avanzar. Merece proteger su entorno, generar oportunidades y mirar al futuro con ambición y responsabilidad.
Y para eso necesitamos menos consignas, menos trincheras políticas y muchas más razones.
Porque el progreso, efectivamente, puede molestar.
Pero quedarnos inmóviles por miedo a él puede terminar costándonos mucho más.
