Cuando yo era joven —hace tantos años que la mayoría de los colmenareños de hoy aún no habían nacido— el Carnaval estaba prohibido. Era una fiesta perfecta para la proscripción: pagana, insolente, llena de máscaras y de gente dispuesta a hacer travesuras con esa impunidad simbólica que concede el disfraz. Demasiado para Franco.
En realidad, el poder nunca ha querido demasiado las Carnestolendas. Durante siglos se las toleró a regañadientes y, de forma aún más llamativa, la Iglesia católica —probablemente la institución más intransigente que ha conocido nuestro mundo— acabó pactando con él una convivencia reglada: tú me dejas el desahogo de febrero y yo te devuelvo la disciplina de la Cuaresma. Un armisticio cultural, con sus límites y sus concesiones.
Pero la clave era otra: el Carnaval era cosa del pueblo, y era el pueblo quien lo organizaba. Por eso Franco, que era mucho Franco, lo prohibió sin más: no fue una simple regulación, ni una reconducción moral, ni una campaña de “buenas costumbres”. Fue la amputación de una costumbre popular que había sobrevivido a reyes, obispos y guerras.
No desapareció del todo, claro. Se escondió. Se convirtió en guiño privado, en fiesta doméstica, en memoria obstinada. Y en cuanto empezó a respirarse un aire menos denso, el Carnaval volvió a asomar. Hasta que en 1979, con las primeras elecciones municipales democráticas, regresó a lo grande: la fiesta que anunciaba la primavera, el permiso colectivo para reírse —por fin— sin pedir perdón.
Los ayuntamientos, rápidos y hábiles, comprendieron enseguida el valor político del asunto y se hicieron con el Carnaval. Lo institucionalizaron: escenarios, concursos, vallas, horarios, presupuestos, concejalía, programa oficial y foto. Y aquí llega el matiz que me interesa: esa apropiación tuvo una cara buena y una cara mala.
La buena es evidente: ordenó, financió, dio continuidad y lo hizo accesible a más gente. La mala es más sutil: cuando el poder organiza la fiesta, la fiesta deja de ser del todo una fiesta. Se vuelve acto. Se vuelve agenda. Se vuelve “actividad”. Y, sobre todo, pierde parte de su esencia libertaria: esa rara suspensión del mundo en la que la calle se gobierna a sí misma, aunque sea por una noche.
Porque el Carnaval —si queremos decirlo sin romanticismo— es una herramienta popular de la libertad: una válvula, sí, pero también una pedagogía. Nos enseña que la autoridad es discutible, que el orden es una convención, que el prestigio puede ponerse patas arriba, que el lenguaje se puede retorcer y que la risa es un arma civilizada. Y nos enseña, además, algo que en el fondo da miedo: que no hace falta permiso para estar juntos.
Por eso conviene vigilar una tentación muy española (y muy humana): la de confundir cuidar con controlar. El Ayuntamiento puede apoyar sin adueñarse. Puede facilitar sin dirigir. Puede asegurar la convivencia sin convertir la calle en un pasillo con normas de museo. Un Carnaval demasiado tutelado es, en el fondo, una contradicción: es la libertad con correa.
Así que, este fin de semana, si me permites el consejo, participa como si fuera tuyo. Porque lo es. Disfrázate, ríete, mira raro, canta mal, aplaude fuerte. Y, de paso, recuerda algo importante: las fiestas populares no son un servicio que se consume; son una forma de comunidad que se ejerce. Si alguna vez el programa oficial te parece excesivo, no te enfades: invéntate tu propio Carnaval. Disfrutar al margen de la autoridad es la tradición más antigua de todas.