La asociación Aire Limpio Norte celebró este miércoles, 17 de diciembre, una mesa informativa en el IES Ángel Corella para abordar tres asuntos ligados a la gestión de residuos en la zona norte: el proyecto del denominado “complejo ambiental” vinculado al vertedero de Colmenar Viejo, la planta de biogás prevista y el impacto de la tasa municipal de basuras.
Redacción.– El acto —que ya se había celebrado el 12 de diciembre en Tres Cantos— contó con la participación de los profesores Manuel Ruiz Pérez y Javier Benayas del Álamo. La convocatoria se presentó como un encuentro de carácter divulgativo, con intervención inicial de los ponentes y un turno final de preguntas. Según se anunció al comienzo, la sesión fue grabada y retransmitida, con la intención de difundirse posteriormente a través de canales digitales.
La organización enmarcó la cita en una dinámica de movilización social sostenida durante años en torno a la gestión del vertedero y a los proyectos asociados. En esa presentación se mencionó expresamente el apoyo de colectivos y asociaciones de Colmenar Viejo, Tres Cantos y la comarca, y se agradeció la colaboración de plataformas vecinales y ambientales.
Entre las entidades citadas y/o visibles en la convocatoria figuraban ANAPRI, Vecinos por Colmenar Viejo, la plataforma Stop Macroplanta Biogás Colmenar–Tres Cantos, ARBA Colmenar Viejo y la Asociación Cultural Chozas de la Sierra, además de otros colectivos locales.
Planta de biogás: documentación, cambios en el proyecto y modelo económico
En la primera parte, el profesor Manuel Ruiz Pérez centró su intervención en la planta de biogás prevista. Explicó que una parte de su exposición se apoyaba en documentación recientemente publicada o accesible, y se detuvo en algunos cambios incluidos en los últimos documentos conocidos del proyecto.
Entre esos ajustes, señaló la renuncia a utilizar purines como materia de entrada, la modificación del diseño de la gestión de lixiviados (con soluciones más cerradas y soterradas) y la sustitución de una línea que inicialmente se presentaba como “compostaje” por un pretratamiento de pasteurización de la fracción orgánica.
El ponente también repasó aspectos económicos del proyecto, citando cifras de inversión y fuentes de financiación. En su explicación mencionó un coste de construcción en el entorno de los 29,4 millones de euros y aludió a una posible aportación de fondos europeos (programa Next Generation) condicionada a plazos de ejecución.
A partir de ahí, describió lo que presentó como dos vías principales de ingresos: el cobro por la recepción y tratamiento de residuos orgánicos (con una referencia aproximada de precio por tonelada) y la venta del gas producido (biometano), que vinculó a los mecanismos de certificación y compensación de emisiones y a precios “premium” en el mercado.
Ruiz Pérez añadió, además, que una parte del debate público reciente se estaba desarrollando a partir de entrevistas y comunicaciones de los promotores, en las que —según indicó— se recogían algunas de las modificaciones introducidas en el diseño y la operación de la planta.
Complejo ambiental y vertedero: marco de gestión y objetivos europeos
En la segunda ponencia, el catedrático Javier Benayas del Álamo planteó una visión más amplia sobre el modelo de gestión de residuos, con referencias a objetivos marcados por la normativa europea y a los porcentajes de reciclaje y vertido. En ese contexto, comparó datos de la Unión Europea, España, la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Noroeste, y sostuvo que, en el caso de esta última, el porcentaje de residuos que termina en vertedero sería especialmente elevado.
También incorporó cifras de generación de residuos por habitante y año en distintos municipios, mencionando valores en torno a 313 kilos para Colmenar Viejo y cerca de 290 para Tres Cantos en los datos que expuso.
Benayas se refirió al papel de las mancomunidades como fórmula de gestión y defendió que cualquier reducción significativa del vertido requiere planificación sostenida, medidas de separación en origen y sistemas que favorezcan la recogida diferenciada (incluida la fracción orgánica). En su intervención apareció igualmente la referencia al “quinto contenedor” como una de las piezas que, a su juicio, debería generalizarse si se pretende rebajar de forma notable el volumen de residuos mezclados.
Sobre el “complejo ambiental”, explicó que el proyecto perseguía —según su descripción— aumentar la capacidad de tratamiento y reducir el destino a vertedero, aunque apuntó que el proceso de licitación y los recursos habrían introducido retrasos. En ese escenario, señaló que la falta de alternativas de tratamiento conllevaría mayores costes por seguir depositando residuos en vertedero.
Convenio y tasa de basuras: compensaciones y costes reales
Uno de los puntos concretos tratados fue el convenio relacionado con la localización en Colmenar Viejo de instalaciones de gestión de residuos. En la exposición se mencionó una cifra global de compensación del orden de 70 millones de euros, y se comparó ese esquema con convenios similares en otros municipios. Benayas afirmó que algunos ayuntamientos estaban estudiando o ya habían iniciado recursos administrativos contra el modelo aplicado, aportando ejemplos de cómo se distribuiría el coste entre municipios en función de toneladas gestionadas.
La recta final de la sesión se dedicó a la tasa de residuos y al impacto del “impuesto al vertido” aplicado desde 2024, con un recargo por tonelada depositada en vertedero. En la ponencia se defendió que la tasa municipal debe reflejar el coste real del servicio y, además, introducir incentivos para que resulte más barata la basura correctamente separada que la mezclada. En esa línea, se expusieron ejemplos de ahorro municipal asociado a reducir el volumen enviado a vertedero mediante mejoras en la separación y la recogida.
En el coloquio final, varias preguntas bajaron el debate a cuestiones prácticas: desde si puede haber multas futuras por el incumplimiento de objetivos europeos y cómo está subiendo el coste de llevar residuos a vertedero, hasta si los residuos ganaderos entran o no en las cifras habituales de residuos urbanos.
También se abordó la distancia entre instalaciones y núcleos habitados —con la idea de que no hay una cifra fijada “por ley”, pero sí recomendaciones de buenas prácticas—, además del consumo interno estimado de la planta (y el peso del transporte) y las dudas sobre emisiones, salud y riesgos en operación normal frente a incidentes o accidentes.
