En el pleno del pasado jueves, correspondiente al mes de febrero, el consistorio aprobó, con los votos de PP y Vox, «la cesión de la parcela RG-2 a favor de la Comunidad de Madrid para la construcción de un colegio». Así, sin más. ¿Quién puede estar en contra de que se ceda suelo para un colegio? Solo que el asunto tiene trampa
Redacción.- La reforma educativa de la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, vigente desde 2020) quiso cerrar una puerta: la de levantar colegios privados-concertados sobre suelo público municipal. Eliminó el antiguo artículo que amparaba expresamente esos concursos y orientó la cooperación municipal hacia la obtención de solares para centros públicos.
Pero, en la Comunidad de Madrid, esa puerta no se cerró: se cambió la cerradura… y se dejó una ventana abierta.
La LOMLOE fue muy explícita en establecer que los municipios solo podrían ceder suelo para la construcción de centro públicos. Pero dejó un vacío legal respecto a las comunidades autónomas, y por ahí se ha colado Madrid… y Colmenar Viejo.
Lo relevante no es solo el debate ideológico (sobre el que se han centrado los grupos políticos de la oposición en Colmenar), sino el resultado material: patrimonio municipal comprometido durante décadas y una expansión de la red concertada que, en la práctica, se sostiene con una combinación explosiva de suelo gratis y financiación pública garantizada.
La intención de la ley… y su derrota práctica
El cambio normativo buscaba frenar la dinámica de ayuntamientos que cedían parcelas dotacionales a operadores privados que, después, funcionaban con concierto educativo. La LOMLOE subrayó el deber municipal de que los nuevos centros fueran públicos.
Pero el propio Ministerio ha reconocido después que la reforma no prohibió totalmente estas cesiones: orientó, no clausuró. Y esa ambigüedad es el hueco por el que se cuela el modelo madrileño.
El “método Madrid”: separar para burlar
La clave del mecanismo es tan simple como eficaz: dividir la operación en dos fases para que, formalmente, no parezca que se hace lo que realmente se está haciendo: primero, el Ayuntamiento cede suelo a la Comunidad de Madrid para cooperar de manera genérica, mediante fórmulas patrimoniales (derecho de superficie, cesión gratuita, etc.). Segundo: la Comunidad de Madrid convoca un concurso y concede el uso privativo del suelo a una entidad privada que construirá y gestionará el centro.
El resultado final es el mismo que pretendía evitar la reforma: suelo público municipal termina sosteniendo un proyecto privado-concertado. Solo que, a efectos de expediente, el ayuntamiento puede decir “yo no se lo di a un privado”, y la Comunidad puede alegar “la LOMLOE no me lo prohíbe”.
Unos genios todos: los que olvidaron este coladero y los que han sabido aprovecharlo.
Conciertos “a futuro”: el descontrol en bandeja
Hay un punto particularmente delicado: estos centros educativos nacen con el concierto prácticamente asegurado. Eso implica financiación pública comprometida antes de que exista el centro, reduciendo el margen de control posterior sobre necesidad real, calidad o condiciones.
El sistema no está pensado para “concertar a futuro”: primero debería existir el centro y luego solicitar el concierto dentro de la planificación y la disponibilidad presupuestaria. Dicho de otro modo: se monta el edificio, se entrega el suelo, se garantiza el flujo de fondos… y el debate público llega tarde, cuando el modelo ya está blindado.
La hipoteca: 40 años, 75 años… y la política educativa de tus nietos
Estas cesiones se plantean por 40 años prorrogables hasta 75. Eso no es gestión coyuntural: es modelar el futuro urbano y escolar de una generación. El suelo dotacional —uno de los recursos más escasos y estratégicos— queda atado durante décadas a una fórmula de prestación que no es pública en titularidad, aunque sí pública en financiación.
Cuando dentro de 15 o 20 años falten plazas públicas, lo previsible será escuchar el argumento circular: “no hay suelo”, “ya está comprometido”, “no queda otra que ampliar conciertos”. Y así la excepción se convierte en estructura.
El elefante en la habitación: selección social y cuotas a las familias
Como es sabido, los centros concertados, pese a su financiación pública, tienden a operar con cuotas a las familias supuestamente voluntarias y dinámicas de admisión que, en la práctica, introducen un sesgo socioeconómico. Si además el operador disfruta de suelo casi gratuito, el incentivo económico crece y la función social se difumina.
No hace falta caer en caricaturas: basta con mirar el diseño del sistema. Si el Estado paga el servicio, y el municipio regala el suelo, ¿qué riesgo empresarial queda? ¿Y qué control efectivo conserva la ciudadanía sobre un bien público que se ha convertido en palanca de negocio?
Legal, pero discutible: cuando el expediente tapa el propósito
El Gobierno central ha admitido en respuesta parlamentaria que Madrid no incumple formalmente la norma al ampararse en legislación de régimen local y patrimonial, y en la autonomía municipal. Eso, políticamente, equivale a decir: “puede que sea contrario al espíritu, pero no encuentro un botón jurídico claro para pararlo”.
Astuta maniobra, que ya se ha hecho en otros municipios (por si sirve de consuelo), pero que casa mal, muy mal, con los argumentos liberales que Carlos Blázquez esgrime a cada momento.
Esta fórmula de mercado libre-subvencionado, en el que no hay riesgo empresarial, porque la juerga la pagamos los ciudadanos, y no hay posibilidad de control contra los abusos del mercado es, por decirlo de un modo que se entienda, un liberalismo tramposo.
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+++ Fuentes principales utilizadas para este informe: BOE 2020 (Texto íntegro de la LOMLOE), Congreso 2023 (Informe sobre el incumplimiento de la LOMLOE),
