La declaración de utilidad pública de la macroplanta de biogás, aprobada en 2024, llega a los tribunales de la mano de la sociedad civil.
Robertti Gamarra. Tres colectivos han decidido actuar: la Asociación Cultural 14 de abril, la Asociación Vecinal de Tres Cantos y la Plataforma Stop Biogás Colmenar-Tres Cantos. Juntas han presentado una demanda para frenar el proyecto que se planea levantar junto a Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Aseguran hacerlo en nombre de la salud, el entorno y un modelo de desarrollo que no pase por grandes infraestructuras en suelo rural. Macroplanta de biogás ya no es un proyecto futuro: es un frente abierto.
Una declaración contestada desde el primer minuto
La demanda se dirige directamente contra la declaración de utilidad pública e interés social del proyecto, aprobada por el pleno municipal en abril de 2024. Según las asociaciones, esta calificación fue injustificada y lesiona derechos fundamentales de los vecinos.
La acción judicial se presenta como un paso inevitable tras el rechazo del Ayuntamiento al recurso administrativo que ya se interpuso meses atrás. El dinero para costear la demanda proviene de donaciones ciudadanas, aportaciones individuales y de un sorteo celebrado en la verbena popular del pasado 13 de junio. En esa jornada se rifaron dos cuadros de las artistas Inma Reboul y Concha Garrote, ambas residentes en Tres Cantos.
Desde las plataformas vecinales se insiste en que esta batalla no es simbólica. Se persigue la paralización efectiva del proyecto. “Ni tan grande, ni tan cerca”, repiten como consigna.
El concepto “macro” en disputa
Sergio Cabellos, director de negocio de PreZero, una de las dos empresas impulsoras, defiende otra visión. “El término macro es peyorativo. Está metido en el subconsciente: macrogranja, purines, cerdos. Y esto no es ni macroplanta ni trata purines”, afirma.
Insiste en que el uso de ese lenguaje genera confusión: “El primer lazo mental es con una macrogranja de cerdos. Pero este proyecto no tiene nada que ver con eso”.
Para Cabellos, el volumen tampoco justifica el calificativo. “Desde el punto de vista técnico, macro sería 250.000 o 300.000 toneladas al año. Este proyecto está muy lejos de eso”. Y subraya: “Aquí no van a entrar purines. No se van a gestionar purines”.
Pese a esas aclaraciones, la oposición ciudadana sigue creciendo. El rechazo no se debe solo al impacto ambiental, sino también al modelo de gestión de residuos y a la forma en que se ha tramitado el proyecto. La declaración de utilidad pública es clave. Sin ella, la instalación no podría ocupar terrenos de especial valor agropecuario. Por eso, frenar ese estatus es hoy el objetivo principal de las plataformas vecinales. La decisión final está ahora en los tribunales y la movilización sigue en la calle.
