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La Asociación Vecinos por Colmenar solicita al Ayuntamiento que deniegue la calificación urbanística de la planta de biogás

Foto: AV Vecinos por Colmenar

El escrito de alegaciones contra la calificación urbanística vinculada a la instalación de la planta de tratamiento de biorresiduos se presentó el pasado 26 de diciembre.

Redacción.- La entidad vecinal solicita, en el documento presentado, que el Ayuntamiento no continúe la tramitación y, en última instancia, que deniegue la calificación urbanística del proyecto de la planta solictado por PreZero.

El primer argumento de fondo es procedimental: la asociación sostiene que la calificación urbanística queda “supeditada” a la legalidad de la declaración de utilidad pública del proyecto, un asunto que califican de “polémico” y sobre el que señalan la existencia de recursos y actuaciones judiciales en curso. A su juicio, no sería prudente avanzar en la calificación urbanística hasta que se despejen esas cuestiones previas.

Alegaciones de fondo

Más allá de esa petición de pausa, el núcleo de las alegaciones se centra en el contenido técnico del proyecto. Vecinos por Colmenar afirma que la “Memoria de Calificación Definitiva” presentada en julio de 2025 incorporaría “modificaciones y diferencias sustanciales” respecto a lo autorizado en la Autorización Ambiental Integrada, otorgada por la Comunidad de Madrid en julio de 2024.

En consecuencia, consideran que parte de los informes favorables emitidos durante la tramitación se apoyarían en información incompleta o desfasada.

Cambios destacados

Entre los cambios que destacan, la asociación subraya la introducción de un proceso de pasteurización que sustituiría el área de compostaje prevista en el proyecto básico. Según el escrito, este cambio implicaría mayores necesidades de calor y manejo de materiales, y abriría interrogantes sobre emisiones y riesgos que, dicen, no estarían reflejados en la documentación del expediente.

También cuestionan el destino de la fracción líquida resultante y el uso descrito como “aprovechamiento agrícola”, al entender que no se detallan ni los destinos, ni la composición, ni los requisitos aplicables.

Logística y movilidad

Otro bloque relevante aborda la logística y la movilidad. La entidad vecinal señala que los promotores prevén la circulación de 110 vehículos diarios, y alerta del impacto que ese tráfico pesado tendría tanto en el entorno inmediato como en las carreteras M-607 y M-104, ya cargadas —según exponen— por la actividad de otras instalaciones del área.

También ponen el foco en los accesos por vías pecuarias, al considerar que el acceso planteado variaría respecto a lo contemplado antes y requeriría actuaciones adicionales y refuerzo del firme para el paso de cisternas pesadas.

Urbanismo y medio ambiente

En materia urbanística y ambiental, las alegaciones invocan protecciones del PGOU y del entorno: interés paisajístico y dehesas, ribera del arroyo del Salobral, corredor econlógico entre el Manzanares y el Jarama y zonas arqueológicas o de interés histórico-cultural. En ese marco, reclaman medidas de salvaguarda para elementos tradicionales (muros de piedra seca y construcciones existentes) y sostienen que la implantación industrial es difícilmente compatible con un entorno que describen como de alta sensibilidad, incluyendo el plano acústico.

También se impugna la solución propuesta para la gestión de aguas pluviales. La asociación cita la ordenanza municipal y afirma que, al no existir alcantarillado en la zona, el depósito planteado —de 50 m³— resultaría insuficiente ante episodios de lluvias intensas, con el consiguiente riesgo de vertidos.

Actividades cercanas

El documento incorpora, además, un inventario de receptores y actividades cercanas que, según la entidad, no habrían sido convenientemente identificados o considerados: una vivienda habitada a unos 400 metros, explotaciones y negocios próximos, un instituto de secundaria a 1,1 kilómetros y un centro comercial en construcción a 1,2 kilómetros, entre otros elementos del entorno.

En palabras a este periódico, el presidente de la asociación, Daniel Borona Colmenarejo, ha resumido: «No se puede autorizar un proyecto como éste, con posibles impactos, sin una evaluación rigurosa y transparente».

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